viernes, 8 de junio de 2007

Teodoro de Molina será el nuevo Alcalde de Gaucín

Los concejales electos de Gaucín, pertenecientes al al PSOE y al Grupo Popular han firmado en Algodonales un pacto para la gobernabilidad de la localidad de Gaucín.

Con este acuerdo entre las dos formaciones políticas se procede a nombrar Alcalde al socialista Teodoro de Molina y Teniente de Alcalde a Francisco Ruiz (PP), quien gestionará el Área de Turismo y Medio Ambiente, siguiendo las directrices del programa electoral del PSOE.

Teodoro De Molina comenzó su andadura profesional en los años 80, asumiendo la presidencia de la Federación de Uniones de Cooperativas Andaluzas, FUCA.
En 1991 fue nombrado presidente de la Federación de Uniones Cooperativas Andaluzas, y en 1992 creó la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FAECTA.
En 1995 consiguió agrupar en un solo movimiento cooperativo a las dos únicas federaciones del sector existentes en aquel momento dando lugar a la actual FAECTA, cuya presidencia ocupó hasta el año 2000.
Asimismo, ha destacado por su participación en el proceso de elaboración de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, publicada en 1999.
En Febrero de 2006 recibió el galardón Arco Iris en reconocimiento a la Mejor Labor de Fomento del Cooperativismo Andaluz.

El concejal electo del PP y futuro primer Teniente de Alcalde, Francisco Ruiz, consideró el acuerdo como normal y afirmó que desde la dirección provincial se le dio el visto bueno e incluso le felicitaron.
Ruiz aseguró que el hasta ahora Alcalde de Gaucín, Francisco Corbacho "no merece estar en la Alcaldía porque está imputado" y él no pacta con imputados.
También comentó que él mantenía buenas relaciones con Corbacho hasta las pasadas elecciones, cuando asegura que arremetió contra él en los mítines y quiso presuntamente agredirle en el colegio electoral cuando se produjo un incidente al oponerse a la pretensión de Corbacho de que votaran unos ciudadanos rumanos que ya lo habían hecho por correo, tras lo que, según señaló, "no llegaron a las manos porque las Fuerzas del Orden nos separaron".

El acuerdo entre PSOE y PP tuvo lugar tras saber que la Fiscalía había solicitado para el anterior Alcalde de Gaucín, el andalucista Francisco Corbacho, una pena de año y medio de prisión y 13 años de inhabilitación en el juicio oral fijado para el próximo 7 de noviembre.

La Fiscalía acusa de Corbacho de haberse apropiado de 200.000 euros del consistorio entre diciembre de 2002 y enero de 2003, dinero del que dispuso mediante cheques al portador firmados por él mismo contra cuentas municipales, cuando la ley establece que los pagos deben realizarse por cheques nominativos firmados por el Alcalde, el Tesorero y el Interventor.

Corbacho llegó en 1999 a la alcaldía de Gaucín como independiente dentro de la lista del PSOE.
Sin embargo, tras conocerse las irregularidades cometidas, el partido le retiró la confianza, aunque él se negó a dimitir. El PA le fichó para las elecciones del 2003, en las que ganó la Alcaldía.
En las elecciones municipales del pasado día 27 de mayo, Corbacho había obtenido cuatro concejales, por tres del PSOE y dos del PP.


Resultados Electorales del 27 de mayo en Gaucín:

Escrutado 100%

Total votantes

1.297

83,52%

Abstención

256

16,48%

Votos nulos

10

0,77%

Votos en blanco

5

0,39%

Concejales a elegir: 9

Candidaturas

Votos

Concejales

PA

542

42,11%

4

PSOE-A

465

36,13%

3

P.P

275

21,37%

2

lunes, 4 de junio de 2007

Fiscalía solicita cárcel para el Alcalde de Gaucín

El alcalde en funciones de Gaucín, Francisco Corbacho, se enfrentará a una pena de un año y medio de prisión, al acusarle la Fiscalía de Málaga de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por disponer, presuntamente, de fondos municipales desde 2002 "que pensaba manejar en su propio beneficio y luego restituir".

La Fiscalìa también ha solicitado una pena de 13 años de inhabilitación para cargo público, por no facilitar a los miembros de la corporación municipal la información sobre los mandamientos de pago e ingresos que le requirieron.
Por su parte, la acusación particular ejercida por el Partido Popular pide una condena de seis años de cárcel.

Los hechos por los que ha sido procesado Francisco Corbacho se remontan al año 2002, cuando entonces representaba al PSOE como independiente.
A finales de diciembre de dicho año, "decidió aprovechar la ausencia por vacaciones del secretario-interventor para disponer de fondos municipales que pensaba manejar en su propio beneficio durante un corto periodo de tiempo y luego restituir", para lo que ordenó liberar diversos mandamientos de pago, de cuantías comprendidas entre los 10.000 y los 22.000 euros, "con el pretexto de negociar la adquisición de terrenos de interés municipal", según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Para ello, "prevaliéndose de su condición de alcalde", entre los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, ordenó librar diversos mandamientos de pago con cheques al portador firmados por él mismo.

Los cheques presuntamente se emitieron contra las cuentas corrientes del Ayuntamiento y en vez de ser nominativos, el procesado dispuso que se extendieran al portador, "presentándolos él mismo al cobro y quedándose con el dinero", según la Fiscalía. Para la acusación pública, entre los meses de diciembre de 2002 y de enero de 2003, el acusado, que obtuvo la mayoría simple en las últimas elecciones municipales encabezando la lista del PA, llegó a disponer de unos 200.000 euros. La consecuencia fue que a finales de enero de 2003 el Ayuntamiento de Gaucín carecía de liquidez suficiente para hacer frente a los gastos corrientes y de personal, por lo que la situación fue denunciada a la Fiscalía.

El día 10 de febrero de 2003, tras saber que sus compañeros de partido iban a pedir su dimisión y denunciarlo ante la Guardia Civil por estos hechos, se reunió con ellos y se comprometió a devolver el dinero, recurriendo a amigos y parientes para reunir de forma apresurada el dinero, que reintegró a las arcas municipales.

Posteriormente, el alcalde, mediante decreto, denegó la entrega a los miembros de la corporación de la documentación sobre estos movimientos de dinero.
Tuvo que ser la secretaria la que convocara el pleno, aunque el regidor se negó, según sigue el relato del ministerio público, a la entrega de la documentación requerida por los concejales que pidieron el pleno, que se constituyó pero fue suspendido, tras un discurso de 10 minutos, por el procesado, que levantó la sesión, "impidiendo así que se entrara a debatir" el punto del orden del día y pidiendo a la Policía que "desalojara" el salón.